El polémico caso gira en torno a la publicación del documental «Fábrica de niños trans», en el cual se hicieron públicas grabaciones del doctor Mario Angulo. En dichos audios se revelaría el impacto físico de los procedimientos de transición en menores dentro de la clínica de género de la fundación Valle del Lili, desatando una batalla legal que ha escalado hasta una orden de detención internacional.
A menos de dos semanas del lanzamiento del impactante documental «Fábrica de niños trans», la justicia colombiana ha tomado medidas drásticas contra Samuel Adrián. Un Juzgado de Cali ha ordenado formalmente a la Policía Nacional de Colombia proceder con su arresto, dictando una sanción de diez días de cárcel y una multa económica que asciende a los 7,200 dólares.
La medida judicial respondería a la difusión de grabaciones confidenciales donde se detalla cómo los menores sometidos a estos procesos sufrían consecuencias irreversibles en su salud, tales como la infertilidad, el desgaste óseo y el impedimento de un desarrollo pleno. Ante esta situación, el afectado ha calificado la orden como un atentado directo contra su libertad y ha solicitado formalmente el respaldo y protección del gobierno de México frente a lo que considera un actuar injusto de autoridades extranjeras.
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El realizador rompió el silencio tras recibir la notificación y denunció públicamente la persecución en su contra:
«Me acaba de llegar una notificación del Juzgado de Cali en donde se le ordena a la Policía Nacional de la República de Colombia que proceda a arrestarme. La sanción arresto con diez días de cárcel más una multa de 15 salarios mínimos mensuales de Colombia, lo que equivale a $7.200.»
«A menos de dos semanas de haber lanzado el documental, el Juzgado de Cali ordena mi arresto. ¿Por qué? Pues porque hice públicas las grabaciones en donde el doctor Mario Angulo me contó sobre cómo los procedimientos a los que sometía a los menores de edad los dejaban infértiles, con huesos desgastados y sin desarrollarse plenamente.»
«Una orden de aprehensión y una multa de $7.200 por contarle al mundo lo que este doctor le hizo a Laura y a muchos otros niños en la clínica de género de la Fundación Valle del Lili.»
«Gente, esto es un ataque hacia mi libertad porque yo no cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados.«
A pesar de la orden de captura, la defensa legal ya se encuentra en marcha. La firma de abogados Hogar y asociados, junto con el respaldo del equipo de Nueva Democracia, está trabajando en las estrategias jurídicas tanto en México como en Colombia para revertir esta sanción.
El caso abre un profundo debate sobre los límites de la denuncia pública, la libertad de expresión y la protección de los menores de edad en tratamientos clínicos. El contenido que las autoridades intentan frenar ya está disponible.
