El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó un documento llamado Resolución A/HRC/62/L.21. Este texto incluye por primera vez el término «violencia reproductiva» como un tipo de violencia de género. La propuesta nació de Canadá, Francia y Países Bajos. Se aprobó por consenso (un acuerdo general sin necesidad de votación) tras cambiar varias partes del texto para calmar las quejas de los países más conservadores.
Delegaciones de naciones que defienden a la familia, así como de África y Medio Oriente se opusieron inicialmente a acuñar la “violencia reproductiva” como una categoría independiente de violencia de género. Entre ellos ha despertado el temor a que se abran las puertas a presiones internacionales para despenalizar el aborto en todos los países.
NEGOCIACIONES DE ÚLTIMA HORA Y CAMBIOS EN EL TEXTO
Egipto, Arabia Saudita, Nigeria, Gambia y Rusia lideraron la oposición en contra de la resolución. Ante este rechazo, los países que impulsaban la propuesta se vieron obligados a modificar el texto a último momento.
Para lograr que todos los países la aceptaran por consenso y evitar una votación en contra, el borrador final tuvo que limitarse. En la introducción del documento se definió con máxima precisión qué es la «violencia reproductiva», aclarando que abarca el embarazo, el aborto, la esterilización y la anticoncepción forzadas, así como el prohibir el uso de anticonceptivos. Sin embargo, se especificó que esto solo se considerará delito en contextos de crímenes de guerra y crisis humanitarias.
Para convencer definitivamente a los países opositores, se añadió una condición muy estricta: estas acciones se castigarán bajo la misma gravedad jurídica que la destrucción de poblaciones. Es decir, se juzgarán siguiendo las reglas de la Convención sobre el Genocidio, aplicando la ley cuando los abusos se cometan con la «intención de destruir a un grupo específico de personas».
CELEBRACIONES Y CRÍTICAS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL
Como se esperaba, organizaciones defensoras del aborto como la International Planned Parenthood Federation y el Global Justice Center celebraron la medida y la calificaron como un paso histórico para la justicia penal en el mundo.
Sin embargo, diversos diplomáticos advirtieron que esta victoria es muy compleja en la práctica. Señalan que será sumamente difícil demostrar ante un juez la «intención de genocidio» en estos escenarios de guerra.
Por su parte, la organización UN Watch criticó fuertemente el documento debido a su falta de equilibrio. La plataforma denunció que los informes de la ONU dejan fuera y omiten sistemáticamente los abusos reproductivos y la violencia sexual cometida por grupos terroristas como Hamás o Hezbolá.
