La crisis migratoria provocada por las decenas de miles de menores indocumentados que, desde diferentes países de Centroamérica, han cruzado la frontera estadounidense en los últimos meses, sigue sin solución a escasos días de que el receso veraniego del Congreso empuje el problema a septiembre. Mientras Obama negocia en Washington, el gobernador de Texas, Rick Perry, ha decidido tomar cartas en el asunto unilateralmente con la ayuda de efectivos militares y el despliegue de drones.
«Si el Gobierno Federal no cumple con su deber constitucional de asegurar la frontera sur de Estados Unidos, ¡el Estado de Texas lo hará!», declaró Perry el lunes, cuando anunció sus planes paradesplegar 1.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México. «El precio de la inacción [del Gobierno] es demasiado alto para que lo paguen los tejanos», remarcó el gobernador. El sábado, ya había dejado claro la necesidad de que la Administración Obama refuerce el control de la frontera poniendo «más patrullas en el terreno y drones en el aire» en una conversación con pastores hispanos en San Antonio, según informaciones Fox News Latino. Perry ya había mencionado lo de los polémicos aparatos no tripulados en una carta enviada a Obama el 20 de junio en la que criticó la «porosidad de la frontera» y le exigía que diera permiso a la FAA -la Agencia Federal de Aviación de EEUU- para desplegar drones Predator para el luchar contra el tráfico de drogas y personas.
57.000 detenciones desde octubre
Los 1.000 hombres de Perry se sumarían a los 3.000 agentes de la Guardia Fronteriza desbordados por la llegada de más de 57.000 menores de edad detenidos por agentes de inmigración desde el mes de octubre de 2013, la mayoría centroamericanos y procedentes de Honduras, El Salvador o Guatemala.
Como gobernador, Perry es comandante jefe de las fuerzas armadas de Texas siempre y cuando no las haya movilizado antes la Casa Blanca. Algo que el propio Perry ha sugerido con anterioridad. La diferencia entre las dos situaciones es quién pagará el despliegue, que se estima cueste unos 12 millones de dólares al mes.
En las filas demócratas existe rechazo a lo que perciben como una militarización de la frontera. Por su parte, el sheriff de Cameron County, Omar Lucio, opina que «si esta gente está entrenada para la guerra, no para la aplicación de la ley, tal vez el dinero tendría mejor uso dándoselo a las autoridades locales más cercanas a la frontera».
Perry habló también durante el fin de semana de su visita a un centro de detención donde observó la «falta de esperanza y el miedo» de unos niños que han sido «engañados por políticas que básicamente decían ‘Si vienes aquí y cruzas el río, podrás quedarte en EEUU'». Lapolémica ley de inmigración de 2008 que garantiza una audiencia ante un juez de inmigración a todo menor que viaje no acompañado y no sea ciudadano de un país limítrofe con EEUU y la insuficiencia de personal ha hecho que muchos de estos menores sean transferidos al cuidado de familiares ya presentes en el país mientras espera una audiencia que en muchos casos nunca llega. Obama se mostró abierto a modificar esta ley para permitir que los menores fueran retornados de inmediato y sin audiencia. Un trato convincente entre las filas republicanas pero inaceptable para los demócratas.
Fuente: http://www.elmundo.es/
