El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó nuevas resoluciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. La decisión ha desatado un debate político. Sectores locales advierten que estos conceptos podrían usarse para promover la legalización del aborto en el país.
¿QUÉ APROBÓ LA ONU?
Los términos “autonomía corporal” e “interseccionalidad” están incluídos en las resoluciones:
- A/HRC/62/L.16: Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas: dimensiones de género de los sistemas de cuidado y apoyo.
- A/HRC/62/L.21: Promoción, protección y respeto del pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias.
- A/HRC/62/L.24: Matrimonio infantil, precoz y forzado. En esta lista también está incluída la tipificación de “violencia reproductiva” que considera así a los embarazos forzosos y el impedimento para usar métodos anticonceptivos en casos de crisis de guerra.
LOS CONCEPTOS CLAVE BAJO LA LUPA
- Autonomía corporal: Defiende el derecho de cada persona a decidir libremente sobre su propio cuerpo, lo que incluye tratamientos médicos, reproducción, maternidad, anticoncepción y sexualidad. Sin embargo, organizaciones y autoridades como el congresista peruano Alejandro Muñante advierten que este argumento podría utilizarse como base legal para presionar a los Estados y declarar el aborto como un derecho humano.
- Interseccionalidad: Es un enfoque que analiza cómo una persona puede sufrir múltiples formas de discriminación de manera simultánea debido a la combinación de factores como el género, el origen indígena, la discapacidad, la migración o la pobreza. Esto genera desventajas únicas y acumulativas. Sus detractores afirman que el término se usa para imponer agendas de identidad de género y orientación sexual en las políticas públicas.
EL ROL DE LAS ONG Y LA POSTURA DEL PERÚ
La aprobación de estos términos contó con el fuerte impulso de organizaciones internacionales como Women Deliver, Center for Reproductive Rights e International Planned Parenthood Federation (IPPF). Esta última celebró que se reconozca por primera vez la «violencia reproductiva» como un delito específico.
Por su parte, el congresista peruano Alejandro Muñante advirtió que estas resoluciones sirven como un «marco teórico» para que los países justifiquen leyes o programas sociales a favor del aborto bajo el pretexto de cumplir compromisos internacionales. Ante este escenario, la representación de Perú aclaró que el país priorizará el respeto a la Constitución Política peruana, la cual defiende el derecho a la vida desde la concepción.
